Bogotá, una ciudad con una ubicación privilegiada, alberga una riqueza hídrica que pocas urbes en el mundo pueden igualar. Rodeada de páramos —ecosistemas únicos que generan agua atmosférica y alimentan los ríos más importantes del país—, y respaldada por embalses como Chingaza, la capital colombiana cuenta con ventajas naturales excepcionales. Sin embargo, hoy enfrenta una crisis de desabastecimiento que obliga a preguntarse: ¿cómo una ciudad con tanta abundancia llegó al racionamiento?
La respuesta parece estar en un cóctel de factores. Por un lado, el cambio climático ha intensificado fenómenos como El Niño, provocando sequías más largas y lluvias menos predecibles. Por otro, la gestión del agua en Bogotá muestra fisuras estructurales. Aunque la ciudad cuenta con infraestructuras clave, como la planta de Tibitoc —que aprovecha las aguas del río Bogotá para abastecer a gran parte de la población—, el sistema actual parece diseñado para una realidad climática que ya no existe.
Más demanda, menos eficiencia
Bogotá y los municipios aledaños suman más de 10 millones de habitantes, una cifra que crece cada año y presiona la red de distribución. Según la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB), el 40% del agua se pierde en fugas y conexiones ilegales, un porcentaje que duplica el promedio nacional. Estas pérdidas, equivalentes al consumo de 2.5 millones de personas, están ligadas a tuberías obsoletas —algunas con más de 50 años— y a un mantenimiento que actúa más como parche que como solución permanente.
El racionamiento, implementado hace cerca de nueve meses, evidencia que las medidas actuales son insuficientes. Si bien es una respuesta necesaria ante la emergencia, resulta preocupante que proyectos de largo plazo —como la renovación de redes o la modernización de plantas de tratamiento— avancen a un ritmo lento.
Opciones postergadas
En este escenario, alternativas como la ampliación de la planta de Tibitoc o la exploración de acuíferos subterráneos —fuentes potenciales para diversificar el abastecimiento— han quedado en un segundo plano. Estas soluciones, técnicamente viables, demandan no solo recursos económicos, sino una coordinación institucional que hoy parece ausente.
La administración del alcalde Carlos Galán, heredera de una crisis anunciada, ha centrado sus esfuerzos en mitigar el impacto inmediato del racionamiento.
No obstante, organizaciones ciudadanas y expertos señalan que falta una hoja de ruta clara para atacar problemas de fondo, como la modernización de la infraestructura o la reducción de pérdidas. Esto, sumado a hallazgos recientes de la Fiscalía —que en 2022 investigó 12 contratos de la EAB por posibles irregularidades—, alimenta dudas sobre la capacidad de ejecutar proyectos estratégicos con transparencia.
Un llamado a la acción
Bogotá tiene ante sí una oportunidad para transformar su gestión hídrica. Los páramos y embalses, aunque resilientes, no son invencibles ante el cambio climático. La ciudad necesita un modelo que combine tecnología para detectar fugas, inversiones sostenidas en infraestructura y una regulación eficiente contra el desperdicio.
El racionamiento debe ser el punto de partida, no la meta. Si bien es una medida necesaria en lo inmediato, su prolongación por nueve meses revela que las soluciones estructurales siguen pendientes.
La capital tiene los recursos naturales y técnicos para evitar que esta crisis se repita, pero requiere algo más esquivo: voluntad política para priorizar el agua como un derecho fundamental, no como un tema administrativo secundario.
