Un escándalo de acaparamiento de medicamentos sacude a Colombia. La Superintendencia de Salud confirmó que en una auditoría a Audifarma se encontraron 113.000 unidades de insulina almacenadas, mientras que en los puntos de dispensación se les negaba a los pacientes, alegando escasez.
Esta práctica criminal atenta contra la vida de miles de personas que dependen de estos medicamentos, afectando especialmente a quienes padecen enfermedades como la diabetes. El presidente Gustavo Petro ha denunciado reiteradamente esta estrategia perversa de algunas empresas que buscan sabotear la reforma a la salud y generar caos para culpar al Gobierno de una crisis inexistente.
El hallazgo no es un caso aislado. En diferentes ciudades del país se han reportado bodegas repletas de medicamentos esenciales que no están siendo entregados a los pacientes. Además de la insulina, se han encontrado otros fármacos de alto consumo en esta misma situación, mientras los ciudadanos sufren por la falta de acceso a sus tratamientos.
Según el superintendente Giovanny Rubiano, no hay justificación para que estos medicamentos estén almacenados en grandes cantidades y, al mismo tiempo, se registre su inexistencia en los puntos de entrega. Esto demuestra que las empresas farmacéuticas están actuando con total desprecio por la vida de los colombianos.
El objetivo de este acaparamiento es claro: presionar a la Corte Constitucional para elevar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), argumentando que no hay suficientes recursos en el sistema de salud.
Sin embargo, como ha denunciado el presidente Petro, el problema no es la falta de dinero, sino el robo descarado de los recursos públicos por parte de estas mafias empresariales. Estas compañías han manipulado los precios de los medicamentos, vendiéndolos a costos inflados para enriquecer a sus aliados en el Congreso y en la prensa, quienes intentan desinformar y generar miedo en la población.
El acaparamiento de medicamentos es un crimen que debe ser castigado con la mayor severidad. No se trata solo de corrupción, sino de un atentado contra la vida y la salud de miles de colombianos.
Petro ha ordenado allanamientos en los lugares donde se detecten irregularidades y ha exigido que se inicien acciones penales contra los responsables. La reforma a la salud es más urgente que nunca para acabar con estas prácticas inhumanas que benefician a unos pocos mientras el pueblo sufre. La justicia debe actuar sin contemplaciones contra estos criminales que han convertido la salud en un negocio de muerte.
