La brutal agresión y asesinato de Sara ‘La Millerey’, una mujer trans de 32 años, ha generado indignación en redes sociales y entre colectivos LGBTIQ+.
El cuerpo de Sara fue hallado en la quebrada La García, en Bello, Antioquia, con múltiples fracturas tras ser golpeada y lanzada por agresores aún sin identificar.
A pesar de ser rescatada con vida por los Bomberos y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, murió horas después en el hospital La María debido a la gravedad de las heridas.
Este crimen no solo evidencia el odio sistemático hacia las personas trans, sino también la negligencia estatal ante una violencia que no cesa.
Más allá de comunicados vacíos de solidaridad, no hay políticas de protección reales ni un sistema de atención integral para estas víctimas.
La inacción del gobierno local no es solo un error político: es una forma de violencia institucional que perpetúa la exclusión y la impunidad. Mientras se invierten millones en propaganda de seguridad, las vidas más vulnerables siguen siendo desechables para esta administración.
El caso de Sara no puede verse como un hecho aislado, sino como parte de una cadena de crímenes de odio que han sido ignorados por las autoridades. Su madre indicó que era una persona en condición de calle y consumidora de sustancias, lo que suele ser usado como excusa para deshumanizar a las víctimas.
Las declaraciones oficiales revelan que fue golpeada por miembros de la comunidad, lo que refleja un entorno social tolerante con el odio. La Fiscalía y Medicina Legal deben actuar con contundencia, pero la raíz del problema está en un Estado que no protege ni respeta a quienes más lo necesitan.
