El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda de Colombia sobre el fin del subsidio al diésel ha generado un impacto significativo, especialmente entre las grandes empresas con vehículos industriales.
Este ajuste, confirmado mediante un decreto firmado el lunes pasado, implica que solo aquellos vehículos que consumen más de 20.000 galones mensuales serán afectados.
Esto excluye al gremio camionero, mayor usuario del carburante, protegiéndolo de una alza que será asumida por unas 235 empresas del sector minero, petrolero, cementero y azucarero.
El gerente de la Fundación Xua Energy, Julio César Vera, estima que la medida afectará al 12% de la demanda total de ACPM (diésel combustible) en Colombia. A partir del 8 de agosto, estos grandes consumidores pagarán 15.000 pesos por galón, un incremento del 59,5% respecto al costo real.
La iniciativa busca aliviar el déficit fiscal derivado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), proporcionando un ahorro anual estimado en 600.000 millones de pesos, mientras el Estado intenta cerrar un agujero fiscal de 12,7 billones.
Pese a los beneficios fiscales, la decisión ha suscitado críticas. El economista Michel Janna y la ingeniera Brigitte Castañeda han señalado la necesidad de controles eficaces para garantizar que los distribuidores cumplan con los nuevos precios.
Ambos coinciden en que establecer precios diferenciados puede distorsionar la economía y generar manejos irregulares, sugiriendo una revisión integral de la política de subsidios.
Este ajuste refleja un paso necesario hacia la sostenibilidad fiscal del país, aunque pone de manifiesto los retos de la política energética y la necesidad de alternativas de transporte más sostenibles.
La protección temporal al gremio camionero evidencia el poder de este sector, que transporta la mayor parte de la carga nacional. Sin embargo, las presiones fiscales y ambientales seguirán empujando a Colombia hacia una reconfiguración de su estrategia energética y de transporte en el largo plazo.
