Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas multimillonarias mientras exiguen más recursos del Estado, pese a que han recibido billones de pesos que no han sido destinados a la atención de los pacientes.
La crisis de desabastecimiento de medicamentos en Colombia, que afecta gravemente a regiones como el Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, no se debe a la falta de financiación, sino a la retención de pagos por parte de las EPS, que han generado un cuello de botella en la entrega de insumos médicos.
Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro fue contundente: el Gobierno no pagará las deudas de las EPS. “Nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no, se liquidan, que es lo que la norma dice”, afirmó el mandatario.
Petro dejó en claro que las EPS no pueden seguir acumulando pasivos mientras operan como intermediarias financieras sin asumir ninguna responsabilidad real en la prestación del servicio.
Esto se ha intensificado en los últimos meses con la negativa de algunas EPS a pagarle a las clínicas y a los gestores farmacéuticos. A pesar de los $1.6 billones girados en lo que va del año, empresas como Audifarma dicen que no pueden distribuir medicamentos porque las EPS no han cumplido con sus obligaciones.
Esta crisis no es casualidad, sino una estrategia de presión para frenar la reforma a la salud y mantener un modelo de negocio basado en la especulación con recursos públicos.
El Gobierno ha dejado claro que la única salida es la transformación del sistema: las EPS deben dejar de actuar como intermediarias financieras y convertirse en gestores de salud con un pago directo por sus servicios.
Sin embargo, en lugar de aceptar este cambio, optan por una campaña mediática contra la reforma, mientras retienen recursos y ponen en riesgo la vida de miles de colombianos.
La liquidación de las EPS irresponsables ya no es una posibilidad, sino una necesidad urgente para evitar el colapso del sistema de salud.
