En Cartago, Norte del Valle, al menos 102 jóvenes entre los 14 y 28 años han desaparecido en los últimos cinco años, sin que hasta ahora las autoridades locales o nacionales ofrezcan explicaciones claras.
Uno de los casos más alarmantes es el de Nicolás Aristizábal y Daniela Santiago, ambos de 17 años, desaparecidos en 2023 tras un allanamiento policial equivocado.
Las familias denuncian que no solo no han recibido apoyo del Estado, sino que han sido ellas mismas quienes han tenido que buscar pistas, incluso hallando restos humanos cerca del Batallón Vencedores del Ejército.
La situación se agrava con las acusaciones contra el entonces alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía, quien habría ordenado el relleno de la laguna donde se encontraron partes de cuerpos humanos, impidiendo la continuidad de las investigaciones.
Según el diputado Jonhy Acosta, todo apunta a que en ese lugar podría haber una gran fosa común. El exalcalde fue elegido con el respaldo del clan Londoño Zabala, señalado por la Fundación Paz & Reconciliación por sus posibles nexos con estructuras criminales como “Los Flacos”, que operan en la región.
Pese a la gravedad del caso, las medidas adoptadas hasta el momento han sido insuficientes. Aunque se creó una mesa técnica regional, tanto el diputado Acosta como el representante Alfredo Mondragón insisten en la necesidad urgente de instalar una Mesa Nacional frente al juvenicidio en Cartago.
Las madres de los jóvenes desaparecidos denuncian corrupción, revictimización y temor por sus vidas, mientras claman por justicia y verdad en un municipio atrapado en la impunidad.
