La aprobación de la ley 172/23 marca un hito significativo para la educación en Colombia.
Mientras que una propuesta relacionada con la educación no lograba avanzar en el Congreso, esta nueva normativa fue respaldada y pasó a sanción presidencial.
Presentada por un grupo de congresistas encabezados por Ana María Castañeda, del partido Cambio Radical, y respaldada por el Ministerio de Educación, esta ley tiene como objetivo principal garantizar la gratuidad en los derechos de grado para estudiantes de universidades públicas.
Esta iniciativa beneficia a estudiantes pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén IV, así como a grupos étnicos, población campesina, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad.
Además de asegurar la gratuidad en los derechos de grado, la ley busca aliviar la carga financiera de aquellos jóvenes que han culminado sus estudios universitarios, permitiéndoles graduarse sin tener que incurrir en gastos adicionales.
El respaldo del Ministerio de Educación indica que esta ley está alineada con las políticas de gratuidad en la matrícula y el acceso facilitado a la educación superior para las poblaciones más vulnerables del país.
Esto representa un paso importante hacia una mayor inclusión y equidad en el sistema educativo colombiano, reduciendo las barreras económicas que a menudo limitan el acceso a la educación universitaria para muchos estudiantes.
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