La plenaria del Senado aprobó la proposición para que la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella se realice en el departamento del Cauca, una decisión que rompe con la tradición de celebrar este acto de Estado en Bogotá. La iniciativa todavía debe ser discutida y votada por la Cámara de Representantes, instancia que definirá si la ceremonia finalmente se traslada fuera de la capital del país.
De concretarse la propuesta, el Estado tendría que organizar uno de los mayores operativos logísticos y de seguridad de los últimos años para desarrollar una ceremonia que históricamente se ha llevado a cabo en Bogotá, donde ya existe la infraestructura institucional y protocolaria para este tipo de eventos.
La realización de la posesión en el Cauca implicaría el desplazamiento de los 280 congresistas —108 senadores y 172 representantes a la Cámara—, además de ministros, magistrados de las altas cortes, directores de entidades nacionales, delegaciones diplomáticas, invitados internacionales, personal administrativo, equipos técnicos y funcionarios encargados del protocolo presidencial.
A ello se sumarían los costos derivados del transporte aéreo y terrestre, alojamiento, alimentación, adecuación del escenario, montaje de tarimas, sonido, iluminación, transmisión oficial, comunicaciones, infraestructura tecnológica y el despliegue extraordinario de seguridad que demandaría proteger al presidente electo, las autoridades nacionales y los jefes de Estado o representantes extranjeros que asistan a la ceremonia.
¿Cuánto podría costar?
Hasta el momento no existe una cifra oficial sobre cuánto costará realizar la posesión en el Cauca.
Sin embargo, tomando como referencia eventos de características similares y los costos que implicaría trasladar toda la operación fuera de Bogotá, el gasto podría ubicarse entre los $4.300 millones y los $14.000 millones, dependiendo del nivel de seguridad, la logística requerida y el número de asistentes oficiales.
Estas cifras corresponden a una estimación y no a un presupuesto oficial.
La comparación con Bogotá
La posesión presidencial de Gustavo Petro, realizada en Bogotá en 2022, tuvo un costo cercano a $2.400 millones. La capital concentra la Casa de Nariño, el Capitolio Nacional, la Plaza de Bolívar, las sedes de las principales instituciones del Estado y buena parte de la infraestructura necesaria para desarrollar este tipo de ceremonias, lo que reduce significativamente los costos de desplazamiento y operación.
Trasladar la posesión a otro departamento implicaría asumir gastos adicionales que normalmente no existen, especialmente en transporte, hospedaje, logística y seguridad para cientos de funcionarios e invitados.
Un acto simbólico con un alto costo operativo
La Constitución no establece que la posesión presidencial deba realizarse fuera de Bogotá, por lo que la iniciativa responde a una decisión política que busca llevar el acto de investidura al Cauca.
Precisamente por ello, la propuesta ha generado cuestionamientos sobre la conveniencia de destinar recursos adicionales para una ceremonia protocolaria cuando el mismo acto puede desarrollarse en la capital utilizando la infraestructura ya disponible.
El tema también ha llamado la atención porque Abelardo De la Espriella ha manifestado públicamente en distintas oportunidades su intención de reducir el tamaño del Estado, disminuir el gasto público y aplicar políticas de austeridad. En ese contexto, la posibilidad de organizar una posesión con un despliegue logístico mucho mayor al habitual ha sido señalada por diversos sectores como una decisión que podría resultar contradictoria con ese discurso.
Ahora será la Cámara de Representantes la encargada de definir si la proposición avanza y si Colombia tendrá, por primera vez en décadas, una posesión presidencial fuera de Bogotá. Solo cuando se conozcan los contratos y la ejecución presupuestal podrá establecerse el costo definitivo de la ceremonia.
La decisión que adopte la Cámara de Representantes no solo definirá el lugar donde se realizará la posesión presidencial, sino también el nivel de recursos públicos que deberá destinar el Estado para un acto protocolario que, tradicionalmente, se ha desarrollado en Bogotá con una infraestructura ya disponible y costos considerablemente menores.
