Se presentará al Congreso el próximo 1 de mayo las 12 preguntas que componen la consulta popular sobre la reforma laboral.
Este mecanismo busca que sea la ciudadanía quien decida sobre temas fundamentales que fueron bloqueados en el Congreso, a pesar de su impacto positivo para millones de trabajadores.

Las preguntas incluyen puntos esenciales como la jornada laboral de ocho horas, el pago justo por trabajo en festivos y domingos, la formalización de trabajadores del sector informal y el acceso a seguridad social para sectores históricamente excluidos como el servicio doméstico, los repartidores de plataformas y los campesinos.
La propuesta, que fue construida de forma participativa a través de una plataforma ciudadana, también incluye garantías laborales para los jóvenes aprendices del SENA, personas con discapacidad, y trabajadores del campo.

La reforma busca eliminar prácticas injustas como la tercerización abusiva y propone contratos a término indefinido como regla general, promoviendo así la estabilidad laboral. En un país con altos índices de informalidad y precarización, esta consulta representa un avance hacia un modelo laboral más justo y solidario.
El Gobierno, a través del ministro del Interior y el ministro de Trabajo, ha sido claro: si la consulta es aprobada, el Congreso deberá tramitar las reformas correspondientes. De no hacerlo, el presidente podrá implementarlas por decreto.
Según el ministro Benedetti, oponerse a esta consulta es conspirar contra la clase trabajadora. Esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno con la dignidad laboral y la justicia social, y ofrece una oportunidad histórica para corregir décadas de inequidad en el mundo del trabajo colombiano.