La ‘jugadita’ de Todo Rico para evitar los sellos de advertencia

Desde el 15 de junio de 2024, la industria de los ultraprocesados en Colombia enfrenta la obligación de incluir sellos de advertencia en sus productos.

Esta normativa, establecida por la resolución 810 de 2021 del Ministerio de Salud, busca que los consumidores tengan mejor información sobre el contenido nutricional de los alimentos que compran.

La industria ha encontrado formas de esquivar esta regulación. Un ejemplo claro es Todo Rico Original, un paquete de fritos ultraprocesados que, mediante una reformulación de sus componentes, logró evitar los sellos de advertencia.

La reformulación del producto Todo Rico incluyó el aumento de calorías y la sustitución de sal por glutamato monosódico, empeorando la calidad de los aceites utilizados. Esta estrategia, aunque legal, muestra una intención clara de la industria de priorizar sus intereses comerciales sobre la salud pública.

El experto en nutrición Juan Camilo Mesa argumenta que la industria nunca tuvo un interés genuino en la salud de los consumidores y que la ley de etiquetado debería ser reconsiderada para cerrar estos vacíos legales.

La normativa de etiquetado en Colombia evolucionó para ser más estricta con los alimentos ultraprocesados. La resolución 2492 de 2022 introdujo el etiquetado octogonal con mensajes más claros, considerados más efectivos por estudios internacionales.

Estos cambios buscan alertar a los consumidores sobre los excesos de nutrientes críticos como sodio, grasas saturadas, azúcares y grasas trans. Sin embargo, la resistencia de la industria es evidente, con tácticas que van desde la reformulación de productos hasta la manipulación en la exhibición de los mismos.

Un ejemplo adicional de la manipulación de la industria es el caso de Kellogg’s, cuyo etiquetado confunde a los consumidores al mezclar advertencias sobre nutrientes críticos con declaraciones de beneficios nutricionales.

Un estudio de Salud Pública de México en 2019 mostró que este tipo de etiquetado puede llevar a decisiones de compra equivocadas. Esto evidencia la necesidad de una normativa más clara y estricta para proteger a los consumidores.

Las estrategias de la industria para evitar los sellos no se limitan a la reformulación de productos. La organización Fian Colombia ha observado que algunos productos son exhibidos al revés en las góndolas para que los compradores no vean los sellos de advertencia. Estas tácticas demuestran la falta de compromiso de la industria con la transparencia y la salud pública.

La resistencia a los sellos de advertencia también se manifiesta en el ámbito político. En octubre de 2023, durante el debate del Presupuesto General de la Nación, varios congresistas intentaron posponer la implementación del impuesto a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados.

Estos intentos, aunque fallidos, revelan la influencia de la industria en la política. Las campañas de varios congresistas fueron financiadas por grandes empresas de bebidas y alimentos ultraprocesados, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad de sus decisiones.

La industria de bebidas azucaradas y ultraprocesados no solo busca influir en el Congreso. A comienzos de junio de 2024, Fenalco emitió un comunicado advirtiendo que los impuestos saludables habían reducido las ventas en las tiendas de barrio.

Esta afirmación fue refutada por el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que destacó la importancia de los impuestos saludables para la protección de la salud pública. La desinformación y el uso de argumentos económicos para justificar la oposición a estos impuestos son estrategias recurrentes de la industria.

Finalmente, la percepción pública sobre el etiquetado y los impuestos saludables refleja una división en la opinión. Mientras que una mayoría considera útiles los sellos octogonales y desea más información sobre alimentación saludable, un porcentaje significativo de la población aún no reduce su consumo de ultraprocesados a pesar de las advertencias.

Esto subraya la necesidad de campañas educativas más efectivas y una normativa más estricta para garantizar que los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre su salud.

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