El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió una inmunidad parcial al expresidente Donald Trump por su papel en el intento de revertir las elecciones de 2020, que desencadenó el asalto al Capitolio.
La decisión, basada en una votación de 6 contra 3, determinó que Trump está protegido por inmunidad en sus actos «oficiales» como presidente, pero no en los «no oficiales».
Esto podría retrasar el juicio pendiente contra él por subversión electoral, argumentando que su inmunidad presidencial aún se aplica a ciertos aspectos legales.
La resolución representa una victoria para Trump, permitiéndole potencialmente evitar juicios adicionales antes de las elecciones futuras.
Sin embargo, enfrenta múltiples cargos en diferentes estados, incluidos Georgia y Florida, relacionados con sus intentos de alterar los resultados electorales y el manejo de material clasificado después de dejar la Presidencia.
La defensa de Trump ha argumentado persistentemente que la inmunidad presidencial debería extenderse más allá de su mandato, mientras que la Fiscalía sostiene que ningún presidente debe estar por encima de la ley.
Esta decisión del Supremo podría tener implicaciones significativas no solo para Trump, sino también para la interpretación futura de la inmunidad presidencial en Estados Unidos, marcando un precedente crucial en la intersección entre el poder ejecutivo y el judicial en el país.